lunes, 5 de diciembre de 2011
Mijaíl Martínez: A 2 años de su sicariato
Por Víctor Martínez
Este sábado 26 de noviembre del 2011, se cumplieron 2 años del vil y cobarde asesinato, de un Joven, Poeta, Rockero, Estudiante y Productor Nacional Independiente-1110, colaborador del comité de victimas contra la impunidad, el cual cumpliría 24 años, 5 días después del sicariato.
Desde el momento de su crimen e inicio de las investigaciones ordenada por la Fiscal Segunda, Abogada Cristina Coronado, el CICPC sostuvo la hipótesis de resistencia al robo por la forma que fue realizado, ya que el cuerpo de MIJAIL, quedó a 4 metros detrás del vehículo.
Por nuestra parte planteamos el Sicariato, porque en ningún momento, hubo resistencia ni intento de robo, ya que todo lo sucedido, fue presenciado por su madre, Rosa de Martínez. Cuando a MIJAIL, lo hacen descender de la camioneta, (en la que estaba esperando a su madre, para llevarla al trabajo), ordenándole que camine hacia atrás del vehículo, donde estaba el sicario esperando, el mismo que vio segundos antes por la ventana, y la obligo salir, para ver que sucedía, mi esposa describe la escena, que no tenía nada en las manos, ni era del barrio, y no se le veía actitud agresiva hacia nuestro hijo, y en la medida que avanzaba, hacia donde le ordenaron, con las manos dentro del bolsillo del pantalón y caminaba lento, en actitud como sometido, el sicario retrocedía, pero para sorpresa de su madre Rosa, cuando tuvo a nuestro hijo aproximadamente como a 2,5 metros, saca una arma de fuego y le hace 3 disparos al pecho; una vez cometido el crimen, huye corriendo, hacia un vehiculo, que estaba encendido como a 55 metros, esperándolos.
lunes, 10 de octubre de 2011
miércoles, 14 de septiembre de 2011
Programa Grado 33 caso Mijail Martinez
septiembre 14, 2011
Hace dos años acompañé a Víctor -padre de Mijaíl- al programa “En la mañana” de William Echeverría, pues como periodista siempre nos había brindado su apoyo en la denuncia de casos de violación a los derechos humanos. Era la primera vez que llevábamos el caso a Globovisión, una televisora que debido a su sesgo usamos sólo en caso de necesidad, para no “politizar” innecesariamente las denuncias. William nos trató, como siempre, muy bien, y el programa, dado el duro y dolido testimonio del padre, fue particularmente tenso y emotivo. Al mediodía Víctor asistió a la Asamblea Nacional, instancia a la que había acudido en reiteradas ocasiones a intentar que lo escucharan, sin suerte. Sin embargo, ese día las puertas estuvieron abiertas. Algunos de sus ex compañero/as de partido (PSUV), ahora le prometían que tomarían cartas en el asunto, y entre otras promesas, le afirmaron que una Comisión redactaría un informe sobre el caso. Sólo le pidieron una cosa aquella vez: “No vuelvas a Globovisión”.
Víctor y su familia esperaron las gestiones, y después de 6 meses de nuevo silencio, comienza a peregrinar por todos los programas de Globovisión. Grado 33 quizás sea uno de los pocos que faltan. La dureza de sus palabras no puede desvincularse del hecho que muchos de los que hoy miran a otro lado, fueron sus amigos y camaradas, en los momentos en que no estaban en el poder. Por cierto, la familia Martínez sigue esperando invitaciones y respuestas de los canales estatales y “alternativos” para hacer lo mismo que ha hecho con Globovisión.
Comparto el programa integro con Víctor en Grado 33.
http://rafaeluzcategui.wordpress.com/2011/09/14/programa-especial-grado-33-caso-mijail-martinez/
sábado, 18 de junio de 2011
LARA / ONGs alertan sobre proceso por el asesinato del activista social Mijaíl Martínez
Ccs. 16 Jun.
(Enfoques365).-Organizaciones de Derechos Humanos de Lara alertaron este jueves que la detención del presunto asesino del joven activista social Mijaíl Martínez “crea las condiciones propicias” para el pleno esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores intelectuales de su muerte, a menos que “ocurran situaciones que afecten” el desarrollo del proceso judicial.
Juan Carlos Pérez fue trasladado el martes en la noche al penal de Uribana luego de ser imputado por homicidio calificado por la muerte de Martínez, un joven cineasta y defensor de derechos humanos asesinado en diciembre de 2009 en Barquisimeto, e hijo del ex diputado y también activista social Víctor Martínez.
El padre de Mijaíl ha denunciado reiteradamente que su hijo fue asesinado “por encargo”, para silenciar las denuncias que hizo contra la policía de Lara durante la gestión del ex comandante y hoy general Jesús Armando Rodríguez Figueras.
La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA) emitió un comunicado en el cual advierte la posibilidad de que “los posibles autores intelectuales del hecho, prevalidos de su poder político e influencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial, mediaticen, desvíen o desvirtúen las investigaciones para impedir que se identifique su responsabilidad en los hechos”.
A continuación transcribimos el texto completo del comunicado:
“Las organizaciones de Derechos Humanos del estado Lara que suscriben este comunicado se pronuncian ante la reciente aprehensión de Jean Carlos Pérez, principal sindicado en el homicidio del joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez, dada la significación de este hecho para la investigación y esclarecimiento de su vil asesinato:
1. La detención de Jean Carlos Pérez, que se une a la también reciente aprehensión de Carlos Alberto Zavarce Carucí –alias “El Sucio”- crea condiciones propicias para el pleno esclarecimiento de las motivaciones y ejecutorias del vil asesinato de Mijaíl Martínez, hasta llegar a la total identificación de sus autores intelectuales. Las pruebas aportadas por sus familiares, algunas de las cuales han sido conocidas ampliamente por la opinión pública, pueden permitir orientar la investigación criminal de la Fiscalía del Ministerio Público encargada del caso y la posterior sentencia de los jueces competentes.
2. En varias oportunidades el ex diputado Víctor Martínez, orientado por informaciones suministradas a través de mecanismos de la inteligencia social, alertó a organismos policiales sobre la ubicación y actividades de Jean Carlos Pérez para que fuese detenido y se le investigara y procesara por encabezar la banda delictiva que asesinó a su hijo, y sobre todo, para que informara sobre los responsables de encargarle su ejecutoria. Sin embargo, dado los apoyos con los que parece contar Jean Carlos Pérez en esferas del poder y los inmensos recursos financieros que utiliza, había sido imposible su detención.
3. Ahora que Jean Carlos Pérez está detenido en el Centro Penitenciario Región Centrooccidental (Uribana), la investigación que debe adelantar la Fiscalía encargada del caso pasa a una nueva fase, en la cual pueden ocurrir un conjunto de situaciones que afecten el total esclarecimiento de los hechos y de los responsables y sobre los cuales queremos alertar. En primer lugar, que se atente contra la vida de Jean Carlos Pérez para silenciar toda la amplia información que maneja sobre los hechos y responsables a investigar. En segundo término, que se propicie su fuga del penal para igualmente evitar que informe sobre el caso. En tercer lugar, que los posibles autores intelectuales del hecho, prevalidos de su poder político e influencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial, mediaticen, desvíen o desvirtúen las investigaciones para impedir que se identifique su responsabilidad en los hechos.
4. Exhortamos a todas las organizaciones sociales, económicas, políticas y culturales del estado Lara y el país a mantenerse alerta frente al proceso de investigación criminal que se abre con la detención de Jean Carlos Pérez. El asesinato de Mijaíl Martínez, constituye un caso emblemático en la lucha contra la impunidad tanto porque en vida fue un defensor de los Derechos Humanos, como por la incansable y tesonera lucha de sus familiares por el esclarecimiento de los hechos y responsables. La proximidad de la posible identificación de los responsables intelectuales incrementa considerablemente los riesgos y amenazas contra quienes han denunciado, investigan o van a juzgar los hechos. De allí que solicitamos a todas las organizaciones sociales a ejercer la contraloría social de este caso y acompañar a sus familiares y organizaciones de Derechos Humanos hasta lograr la plena identificación de todos los autores materiales e intelectuales, su procesamiento judicial y su sentencia.
5. La lucha contra la impunidad en el caso de Mijaíl Martínez debe impulsar a toda la sociedad larense a redoblar los esfuerzos para enfrentar la violencia de los organismos de seguridad del Estado y frenar y derrotar la impunidad que caracteriza a sus actuaciones. Debemos seguir luchando por el esclarecimiento de cientos de casos de personas asesinadas por organismos de seguridad del Estado y contra la violencia que los identifica.
Cátedra Libre de Derechos Humanos
UCLA”
Enfoques365.net
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jueves, 16 de junio de 2011
Recluido en Cárcel de Uribana ‘Jeancarlitos´
’
Miércoles 15 Junio 2011 - 10:52 Custodiado por 30 efectivos de la Guardia Nacional, este martes, poco antes del anochecer, fue trasladado desde el Seguro Social Pastor Oropeza hasta la Cárcel de Uribana, Jean Carlos Pérez, quien en horas de la mañana, durante la audiencia especial, quedó privado de libertad e imputado por homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Mijail Martínez Niño, hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2009.
REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- Tal como se había anunciado, este martes se celebró la audiencia especial en la habitación 332 del Seguro Social. En la misma estuvieron presentes el juez de Control Nº 3, abogado Carlos Torrealba, el Fiscal 2do, quien hizo la acusación, mientras que el abogado Iván Restrepo asumió la defensa de Jean Carlos Pérez, quien permanecía recluido desde la madrugada del pasado jueves tras recibir cuatro balazos, presuntamente al resistirse al robo. Ingresó al Seguro con otra identidad, pero tras ser descubierto, fue arrestado. Jean Carlos se une a Carlos Zavarce Carucí, alias ‘Carlos El Sucio’, quien permanece recluido en Uribana desde el 15 de marzo, como presunto partícipe en el crimen de Mijail Martínez.
lunes, 13 de junio de 2011
Capturan a otro presunto implicado en crimen de Mijail Martínez
EL IMPULSO DIGITAL.Publicación: 13/06/2011 07:37:00 a.m.
Uno de los presuntos implicado en el crimen de Mijail Martínez, hijo del dirigente político Víctor Martínez, así como del cuádruple homicidio de la Ribereña, fue capturado por efectivos de la Guardia Nacional.
Se trata de Jean Carlos Pérez, cuya detención se concretó en el Hospital Pastor Oropeza, donde fue ingresado a las 4:00 a.m. del 9 de junio, presentando varios impactos de bala.
La captura se realizó en atención a una orden de aprehensión emanada del Juez de Control número 3.
Este sujeto aportó una identidad falsa al personal del centro de salud en referencia, y dijo llamarse Félix José Dudamel, pero fue reconocido por los castrenses a través de una fotografía reciente.
Para el momento del procedimiento se encontraba recluido en el primer piso de dicho hospital, en el área de observación, cama 32.
La acción la realizaron funcionarios de la Primera Compañía del Destacamento 47, bajo la supervisión del teniente coronel Richard Morales.
Abaleado el presunto homicida del hijo del ex diputado Víctor Martínez
Lunes 13 Junio 2011 - 10:25 Policialmente el caso de Mijail, hijo del ex parlamentario Víctor Martínez, podría ser esclarecido con la captura de uno de los presuntos autores, Jean Carlos Pérez, quien fue descubierto por la Red de Inteligencia Social, en la cama 32 del Hospital ‘Pastor Oropeza’. La audiencia podría ser este lunes, cuando el Tribunal de la Causa se instale en ese centro asistencial.
domingo, 12 de junio de 2011
jueves, 2 de junio de 2011
miércoles, 25 de mayo de 2011
El Sucio’ a juicio por el asesinato de Mijail
Martes 24 Mayo 2011 - 09:36 Este jueves tendrá lugar la audiencia preliminar contra el único detenido por el crimen de Mijail Martínez, cometido el 26 de noviembre de 2009. Homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles es lo que le imputan a Carlos Alberto Zavarce Carucí, alias ‘El Sucio’, capturado el pasado 15 de marzo, luego que el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 3, a cargo del abogado Carlos Torrealba, dictara orden de captura en su contra. La Fiscalía Segunda investiga el caso.
REDACCIÓN ELINFORMADOR/GERARDO MORÓN.- Según el expediente, a las 7:00 am Mijail Baudilio se hallaba en una Terios estacionada frente a su vivienda, en la carrera 9 entre calles 61A y 61B del barrio Ezequiel Zamora, a la espera de que su madre Rosa de Martínez saliera para llevarla a su trabajo.
Su madre salía y escuchó una voz fuerte que venía desde la calle. Se asomó por la ventana observando a un desconocido detrás de la camioneta en una actitud sospechosa. Ella presenció cuando el sujeto sacó un arma de fuego y efectuó tres tiros a Mijail.
‘El Sucio’ fue señalado como partícipe. Tras ser detenido se realizó la audiencia de presentación en la cual el Tribunal 7º de Control ordenó su reclusión en la cárcel de Uribana, a solicitud de la Fiscalía 2ª. Para el ex parlamentario Víctor Martínez, padre de Mijail, además de ‘El Sucio’ el otro autor es Jean Carlos Pérez, alias ‘Jeancarlitos’. Martínez, quien convocó para hoy a las 9:00 de la mañana una rueda de prensa en un céntrico hotel, donde dará a conocer sus impresiones, de cara a la audiencia de pasado mañana.
Su madre salía y escuchó una voz fuerte que venía desde la calle. Se asomó por la ventana observando a un desconocido detrás de la camioneta en una actitud sospechosa. Ella presenció cuando el sujeto sacó un arma de fuego y efectuó tres tiros a Mijail.
‘El Sucio’ fue señalado como partícipe. Tras ser detenido se realizó la audiencia de presentación en la cual el Tribunal 7º de Control ordenó su reclusión en la cárcel de Uribana, a solicitud de la Fiscalía 2ª. Para el ex parlamentario Víctor Martínez, padre de Mijail, además de ‘El Sucio’ el otro autor es Jean Carlos Pérez, alias ‘Jeancarlitos’. Martínez, quien convocó para hoy a las 9:00 de la mañana una rueda de prensa en un céntrico hotel, donde dará a conocer sus impresiones, de cara a la audiencia de pasado mañana.
domingo, 22 de mayo de 2011
Hércules
La pista se prepara para hacemos andar, volar,
Hércules se prepara para el despegue,
Mi cámara se hace indetenib
y empieza a capturar señales y emociones,
Todo se vive y desvive
Ante mí mirada cual niño jugando
En un parque de diversiones,
Muchos muy aguardados ante el frío,
Yo solo, desnudo y libertario,
Risas y risas, me sonríen, les sonrío,
Personajes con vivencias distintas
Acentúan mi emoción por conocer
Al son del desapegue casi divino
Donde una tierra fértil nos aguardaba
A aquellas que gozábamos del momento.
Santa cruz se aproxima,
La tarde se desvanece poco a poco
Acentos distintos yacían en momentos
Inesperados
Hércules se hace un lugar en la pista
Algarabía bendecida por el hallado
Sentimiento de libertad
(Mijaíl Martínez)
lunes, 2 de mayo de 2011
Criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela mayo 3, 2011
Posteo mi contribución al informe 2010 de Espacio Público sobre el Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela, acerca de las amenazas del último año contra quienes trabajamos en defensa de los derechos humanos en el país. Si desea descargar el informe completo, visitar ACA
Criminalización y judicialización contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela
Rafael Uzcátegui
Para los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela el año 2010 comenzaba con tormenta. Había pasado poco más de un mes que el asesinato de un joven activista, en la ciudad de Barquisimeto, había encendido todas las alarmas. El 26 de noviembre del 2009, a las 7 y 15 de la mañana, Mijail Martínez, videoactivista y miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), recibió tres disparos en el pecho por parte de dos desconocidos. Martínez no ofreció resistencia a los asaltantes. La camioneta Terio de su madre, quien presenció el asesinato, se mantuvo encendida durante el ataque. Las llaves colgaron, en aquellos segundos eternos, impotentes a un costado del volante. En apenas un mes se produjeron una serie de incidentes oscuros por parte de los cuerpos responsables de las investigaciones, los cuales escandalizarían a un estudiante del primer año de derecho.
Este antecedente, si bien formaba parte de un contexto de obstaculización del trabajo en defensa de los derechos humanos en el país, presagiaba un 2010 turbio. Los hechos confirmaron los malos augurios. Según información levantada por el Comité de Familiares Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), durante un período ubicado entre diciembre del 2009 y diciembre del 2010 sucedieron 50 casos de violación a la integridad de los y las activistas, los cuales afectaron a un total de 38 personas[1]. El análisis de Cofavic sobre el total es revelador: las amenazas y actos de hostigamiento representaron el 40% de los ataques, los cuales fueron denunciados por un total de 20 activistas. En segundo lugar se ubicaron las campañas de descrédito que afectaron a 14 personas, un porcentaje de 28% respecto al total de ataques. Seguidamente tanto las ejecuciones extrajudiciales como las privaciones de libertad afectaron a 4 personas, 8 % de la suma general (8% respectivamente); 3 defensores fueron detenidos arbitrariamente mientras ejercían el derecho a manifestar pacíficamente (6%); 2 fueron víctimas de lesiones y ataques (4%); 2 fueron judicializados por recepción fondos (4%) y, finalmente, uno fue objeto de seguimiento y vigilancia (2%).
Los datos cuantitativos no lo son todo, pero nos dan un panorama introductorio sobre las dificultades para los activistas locales. Contrario a lo que se pudiera pensar, sólo el 29% de las agresiones se produjeron en el Distrito Capital, seguidas por 26% en el estado Aragua y 10% en el estado Zulia. Como bien resalta Cofavic que la mayoría de las agresiones ocurran fuera de Caracas refleja la vulnerabilidad de quienes ejercen su labor en el interior del país. Por otra parte el 60% de los casos fueron contra personas de sexo masculino. Entre los defensores y defensoras más victimizadas se encontraron quienes ejercieron la defensa del derecho a la vida, integridad y debido proceso, representando un 61% del total. Seguidamente se encontraron aquellos cuyo trabajo es la defensa de los pueblos indígenas y las personas en situación de refugio (13%); derechos económicos sociales y culturales (8%); libertad de expresión (5%), derechos de privados de libertad (5%); derecho a la tierra y propiedad (5%) y derechos laborales y sindicales (3%).
Las etapas de la criminalización
La creciente situación de indefensión de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ocurre en medio de una política deliberada para incorporar a la lógica estatal a todas las iniciativas sociales. Las refractarias a la cooptación, o aquellas que a pesar de apoyar la gestión oficial intenten conservar un margen importante de autonomía, son sometidas a un sistemático proceso de desnaturalización de sus funciones.
Según la Fundación por el Debido Proceso Legal de México[2], existe una cadena de acontecimientos cuyo cumplimiento revela la presencia de una política de criminalización gubernamental. En primer lugar establecen el cierre de los canales y mecanismos de diálogo y negociación por parte del Estado, lo cual obliga a las organizaciones populares al aumento de intensidad y radicalización de sus movilizaciones (cierre de vías, huelgas de hambre, tomas simbólicas, etc), como manera de llamar la atención de las autoridades ante la ausencia de vías institucionales de canalización y satisfacción de sus demandas.
Los datos recopilados tanto por el Programa Venezolano de Educación Acción en derechos humanos, Provea, como por Espacio Público confirman el cumplimiento de este primer nivel. En los últimos años el país ha presenciado un aumento sustancial de la cantidad de protestas en el país, cuya una de sus motivaciones son la falta de respuestas de las autoridades. Para el año 2010 se realizaron 3.315 manifestaciones en Venezuela, una cantidad que duplica, en apenas tres años, la cifra registrada en el año 2007, cuando sucedieron 1.576 episodios. Provea afirmó que, además del aumento de la conflictividad, existe un proceso de radicalización de la manifestación pacífica entre nosotros. Esto lo demostraría la realización de 105 huelgas de hambre en el período octubre 2009 – septiembre 2010, un extraordinario aumento del 700 % respecto al período anterior, cuando apenas se habían detectado 5 casos. Ante la creciente cantidad de movilización popular la respuesta institucional es gaseosa, tanto de las propias autoridades como de la Defensoría del Pueblo, un ente que en teoría debería ponerse de lado de los reclamos de la ciudadanía.
Una situación relacionada acerca del autismo oficial lo constituye la estrategia de invisibilización de buena parte de los reclamos populares en los medios estatales, incluyendo dentro de este universo a los denominados medios “alternativos” y “comunitarios”. Un ejemplo lo constituye la ilegítima privación de libertad del sindicalista Rubén González por haber apoyado una huelga de trabajadores, situación inexistente si se intenta ubicar dentro de los informativos estatales y paraestatales. Esta práctica constituye una violación al derecho a la libertad de expresión e información por parte de los medios públicos y es una estrategia para criminalizar doblemente a los sectores movilizados: Una vez por la propia exigencia abierta de sus demandas. La segunda por utilizar medios privados señalados como “contrarrevolucionarios” y “golpistas”.
2: La deslegimación y deshumanización
El segundo eslabón de la cadena lo constituye la progresiva deslegitimación y desprestigio contra los voceros, voceras y grupos sociales que ejercen con visibilidad su derecho a la manifestación. Esta campaña de descrédito se caracteriza por que los funcionarios y funcionarias no discuten las motivaciones y hechos que generan el descontento, sino que interpelan la legitimidad de los propios actores movilizados, sugiriendo su naturaleza mercenaria, su pertenencia a un plan desestabilizador o a organizaciones extranjeras promotoras de acciones ilegales. Si bien las acusaciones son realizadas desde diferentes actores institucionales, sus cajas de resonancia más activas son medios de comunicación controlados por el Estado y profesionales (periodistas, investigadores o abogados) que si bien responden a una dinámica cuyo epicentro es el Ejecutivo, con el cual mantienen una relación indirecta, aparentan que los señalamientos son parte de la preocupación de un sector de la ciudadanía.
El caso emblemático en el período de esta segunda fase lo constituyó la campaña de desprestigio realizado contra la ONG Espacio Público, y su director Carlos Correa. Esta campaña incluyó dos audiovisuales transmitidos reiteradamente por Venezolana de Televisión, mensajes por la red Twitter remitidos por el ministro de Interior y Justicia Tareck El-Aissami (“Lo dicho por Carlos Correa de Espacio Público son opiniones tarifadas. Nunca se dijo nada cuando los asesinatos Yumare, Cantaura y 11 de Abril” y “No acostumbro responder descalificaciones pero el caso Carlos Correa de Espacio Público solo decir es fácil calumniar con un bozal de dólares”) y Andrés Izarra, presidente de la cadena trasnacional Telesur (“ONG Espacio Público, financiada por los gringos, fue al TSJ a oponerse al CESNA -Centro de Estudio Situacional de la Nación-: haciéndole el mandado a sus dueños”), ilustraciones difamatorias en el diario VEA y Correo del Orinoco, comentarios en el programa “La Hojilla”, diferentes textos noticiosos difundidos por los medios de comunicación estatales y la solicitud de la apertura de una investigación sobre el financiamiento internacional, en la Fiscalía General de la República, a cargo de la organización gubernamental “Periodismo Necesario”.
Es importante señalar que el objetivo de esta estrategia sistemática de desprestigio es la deshumanización de los actores que el Estado define como sus contrarios. Detengámonos en este punto. La deshumanización es un proceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a otro como “no humano” lo cual permite que pueda eliminarlo o agredirlo sin las inhibiciones morales que en condiciones normales impiden los actos de violencia entre iguales. En consecuencia las agresiones contra seres “no vivos” o despojados de su humanidad son percibidos como normales, inevitables, merecidas y justificadas, obteniendo sus victimarios reconocimiento social por su acción. La deshumanización es promovida por diferentes medios, uno de ellos es el lingüístico: el uso de palabras despectivas, convenientemente resignificadas, para redefinir a las víctimas y exponerlas como merecedoras de agresión. Por medio de esta estrategia los voceros y voceras estatales no discuten o refutan los mensajes cuestionadores provenientes de los actores sociales con argumentos o datos, sino que permanentemente descalifican al mensajero con epítetos deshumanizadores: tarifados, apátridas, derechistas, imperialistas o escuálidos, entre otros. Al transformar “personas” en “cosas”, perjudiciales y negativas, el Estado promueve ante la opinión pública su eliminación simbólica o física.
La política deslegitimadora y deshumanización gubernamental contra Carlos Correa ha empezado a recoger sus frutos: El jueves 16 de diciembre del 2010 fue agredido físicamente y amenazado de muerte por personas desconocidas cuando, frente a la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, solicitaba un derecho de palabra en el hemiciclo.
3: Represión y judicialización
El tercer escalón de la escalera de criminalización lo constituye la represión directa y la judicialización de las personas que exigen el respeto a los derechos humanos.
De las 3315 protestas registradas por Provea y Espacio Público para el 2010 una cantidad de 150 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por los organismos de seguridad del Estado, lo que representó un 4,59% del total. Sin embargo, los datos recopilados muestran que se viene desarrollando una estrategia que intenta persuadir a los manifestantes que prioriza la aplicación de mecanismos jurídicos sobre la represión abierta. Si bien durante las décadas de los ochentas y los noventas las fuerzas policiales y militares confrontaban físicamente las protestas como manera usual de neutralizarlas, el alto costo político de esta estrategia, en tiempos de alta circulación de imágenes por los medios de comunicación, ha privilegiado otras tácticas de disuasión, como la aplicación de leyes y reglamentos justificando que, desde el primer momento en que la protesta se desencadenó, la misma se encontraba fuera de la ley. Por ello se realizan detenciones selectivas y se somete a los defensores y defensoras a largos y engorrosos procesos penales, que aleatoriamente terminan con una sentencia de cárcel, suficientemente ejemplarizante para desestimular al conjunto de la organización social pero en una cantidad que no desencadene una respuesta de calle mayor de los sectores afectados.
Un caso de represión abierta fue la detención de 3 defensores de derechos humanos y 25 trabajadores y líderes sindicales en la ciudad de Maracay, estado Aragua, el 12 de marzo de 2010 mientras se realizaba una marcha contra el paquete económico y la criminalización de la protesta convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) sección Aragua. Los activistas de DDHH fueron detenidos mientras líderes sindicales denunciaban en televisión la represión contra la movilización, la cual fue impedida mediante el uso de bombas lacrimógenas y un despliegue desproporcionado de la Policía estatal. Después de estar detenidos por espacio de siete horas en la Comisaria General de San Jacinto, dos llamadas telefónicas desde Caracas –la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez- ordenaron la inmediata liberación del grupo y la destrucción de los expedientes que atestiguaran su presencia en el recinto. 8 se encontraban ya hacinados en una pequeña celda de 2 x 1 metros.
En el apartado de judicialización existen dos dimensiones: La primera, una serie de restricciones para el ejercicio de la manifestación pacífica. La segunda, la creación de un orden jurídico que penaliza la recepción de fondos por parte de la cooperación internacional, base del trabajo independiente de las ONG´s en Venezuela y el mundo. En el primer caso, un ejemplo grave lo constituyó la privación de libertad del Secretario General de Sintraferrominera, Rubén González, encarcelado desde el mes de septiembre del 2009 por apoyar una huelga de trabajadores. González ha sido acusado de “agavillamiento”, “instigación pública a delinquir”, “restricción a la libertad del trabajo”, y “violación de la zona de seguridad” y una posible sentencia negativa en su contra podría condenarlo a penas de prisión entre 3 y 8 años. Estas acusaciones se derivan de los artículos que, desde el año 2005, obstaculizan el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación pacífica en el país. Estas leyes son la reforma del Código Penal, la cual en su artículo 357 penaliza el cierre de calles –la herramienta histórica de lucha del movimiento popular venezolano- con penas de prisión entre y 8 años de cárcel. Otros artículos aplicados contra manifestantes son el 47 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad -5 a 10 años por actividades dentro de las zonas de seguridad- de la Nación; el 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios – 6 a 10 años de prisión para quien impida la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes declarados de primera necesidad- y el 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios –2 a 6 años de cárcel para quienes conjunta o separadamente lleven a cabo acciones que impidan la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos al control de precios. Las penas serán duplicadas cuando se afecte la seguridad integral de la Nación, se desestabilice las instituciones democráticas o se genere alarma que amenace la paz social-. Destacamos el hecho que, según estimaciones de la Directora de la Asociación Civil “Control Ciudadano”, Rocío San Miguel, el 34% del territorio nacional es considerado “zona de seguridad”.
Sobre la arquitectura de leyes que penalizan la recepción de fondos para el trabajo de iniciativas sociales y organizaciones no gubernamentales desde el año 2006 se ha promovido la discusión, para su posible aprobación, de una Ley de Cooperación Gubernamental. Después de haberse aprobado en primera discusión, por parte de la Asamblea Nacional, el proyecto quedó congelado. Durante el 2010 volvió a ser noticia tras la petición de la abogada de origen estadounidense Eva Golinger, quien solicitó una “ley antiinjerencia” tras acusar a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de recibir un financiamiento de 4 millones de dólares por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente Chávez, en una declaración realizada el 14 de julio de 2010, pidió investigar “a fondo” los “millones y millones de dólares” que destina el Departamento de Estado estadounidense para financiar a organizaciones no gubernamentales (ONG’s) venezolanas. Seguidamente algunos voceros del alto gobierno anunciaron su disposición de aprobar la Ley de Cooperación Internacional antes de finalizar el año. Finalmente se anunció que la misma entraría dentro de las facultades habilitantes otorgadas por 18 meses al primer mandatario en diciembre del 2010.
Mientras las ONG´s realizaban la denuncia sobre las implicaciones de la Ley de Cooperación Internacional para la defensa de los derechos fundamentales en el país, de manera sorpresiva, el 12 de diciembre del 2010 la Asamblea Nacional presentó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Política y al Autodeterminación Nacional (LDSPAN), la cual fue aprobada en pocos días y prohíbe expresamente que las organizaciones con fines políticos venezolanas reciban aportes del exterior. El artículo 3 de la LDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellas que realicen tres tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan control sobre los poderes públicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular. Dos de las tres actividades que según la ley definen una “organización con fines políticos” no tienen nada que ver con procesos electorales. Al contrario tienen que ver con formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, lo cual es reforzado por un segundo tipo de organizaciones descritas en dicha ley, las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”: “aquellas que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”. Si bien la LDSPAN no explicita cuáles son los derechos que califica como políticos, este tipo de derechos se encuentran registrados en los artículos 62 al 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son: el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y la formación, ejecución y control de la gestión pública (62), el derecho al sufragio (63), el derecho a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos (66), el derecho a la asociación con fines políticos y a postular candidatos/as (67), el derecho a la manifestación pacífica (68) y el derecho al asilo y refugio (69). Todas las organizaciones o iniciativas que promuevan uno o varios de los derechos anteriores serán normadas por la ley, y por ende, no podrán recibir ningún tipo de recursos económicos de las agencias de cooperación internacionales.
4: Las acusaciones sin pruebas
Como tope de la cadena de criminalización diagnosticada por la organización mexicana se encuentra la promoción de acusaciones sin pruebas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. La misma persigue la finalidad de intimidar a todos los que se organizan para defender y revindicar sus derechos. El caso ejemplo de estrategia lo constituyó la acusación del señor Alberto Nolia, a través del programa “Los papeles de Mandinga transmitido por Venezolana de Televisión el día 09 de septiembre de 2010, contra Provea debido a que recibía financiamiento “proveniente del mundo de la droga”.
A pesar de los hostigamientos, obstáculos y descalificaciones, los defensores y defensoras de Derechos Humanos continuaremos nuestro trabajo, sorteando todas y cada una de las adversidades. No solamente por nuestra fidelidad con la democracia, la justicia social y la libertad, sino porque tenemos un compromiso humano con nuestros beneficiarios y beneficiarias, las víctimas, personas de carne y hueso que sufren por la violación de sus derechos y a las cuales les hemos empeñado nuestra palabra. Parafraseando una frase del pensador ruso antiautoritario Miguel Bakunin: “La dignidad de los demás eleva la nuestra hasta el infinito”.
[1] Por su parte la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas registró 18 casos diferentes de ataques a defensores y defensoras durante el mismo período. Al cruzar la información de las dos bases de datos anteriores tenemos que la Vicaría aporta sólo un caso adicional a lo recopilado por Cofavic (Rafael Escobar Ugas), lo que daría un total 39 personas para 51 casos. Sin embargo, mantenemos el análisis difundido por el Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos de febrero y marzo del 89.
lunes, 11 de abril de 2011
Al lado del sol
De ocultarse la luna en el amanecer
de mi mirada,
saliste viajero con ojos forjados
como espadas,
alimentado y bañado con el agua
Encantada,
para conocer la verdad de ella
en la alborada,
de sueños sin fin de mantos seductores
en mañana dada.
Sol inclemente que desahoga
experiencias pasadas y en el ahora,
se porque camino lento y despacio
y pensando en un letargo
ya no tan lejano,
porque el sol ya se fue
de mi lado,
el camino está nublado.
viernes, 1 de abril de 2011
Capturan a uno de los asesinos de Mijaíl Martínez en Lara
de Periódico El Libertario, el jueves, 31 de marzo de 2011 a las 11:08
Después de un año y cuatro meses, fue detenido uno de los presuntos homicidas de Mijail Martínez, colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara e hijo de Víctor Martínez, activista de los Derechos Humanos de ese estado.
Carlos Alberto Zavarce Carucí, alias "El sucio", fue capturado el martes 15 de marzo en un operativo policial. El viernes de esa misma semana, se realizó la audiencia de presentación en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, en la cual el Tribunal 7º de Control ordenó su detención a nivel nacional en la cárcel de Uribana, a solicitud de la Fiscalía 2º, para posteriormente verificar si efectivamente participó en el asesinato.
El pasado jueves se ejecutó en la sede del Poder Judicial de Lara la rueda de reconocimiento en la que dos testigos comprobaron la colaboración de "El Sucio", de 27 años, en el homicidio de Mijail Martínez, ocurrido el 29 de noviembre de 2009.
De acuerdo con Víctor Martínez y los testigos, el asesinato estuvo planificado por el diputado Luis Reyes Reyes y el general Jesús Armando Rodríguez Figuera, con el aval de los jefes del Cicpc de Lara. Los autores materiales serían entonces "El Sucio" y Jean Carlos Pérez, alias "Jean Carlitos".
SICARIOS DEL GOBIERNO
Desde que Mijail Martínez fue ultimado, ha habido tres detenidos. El primero de ellos fue Jairo Solones, quien voluntariamente se entregó a la justicia tres días después del acontecimiento.
Pocos días después, lo dejaron en libertad bajo presentación por un delito relacionado con drogas, pero el homicidio fue pasado por alto. Desde el 1º de diciembre de 2009, Solones y su madre están desaparecidos.
El 15 de diciembre de ese mismo año, fue capturado José Gregorio Daza Bravo, alias "El Largo", a quien se le atribuía formar parte de la banda "Los Invictos", creada por el comisario Carlos Rodríguez, jefe del Cicpc de Lara, según relata el padre de la víctima. Un mes después, fue puesto en libertad porque en la rueda de reconocimiento fue rechazado por los testigos.
Desde entonces, no había habido ningún otro detenido. "Lo que señalaban era pura mentira, puro engaño, toda una intencionalidad planificada por parte de Carlos Rodríguez y José Núñez, comisario del Cicpc de Lara, de ocultar a los verdaderos autores materiales. El mismo Cicpc señala a "Jean Carlitos" y a "El Sucio" como autores materiales del asesinato de mi hijo, pero nunca los habían capturado porque son sicarios del Gobierno.
Ellos tienen un prontuario de más de tres órdenes de captura por asesinatos, drogas, robos, secuestros, etc.", denuncia Víctor Martínez.
El Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara coincide en un comunicado con Martínez y añade que "los organismos de investigación y judiciales cuando actuaron lo hicieron para encubrir y desviar los hechos, evidenciándose que la banda delictiva que ejecutó el crimen de Mijail es protegida por el Cicpc y otros cuerpos policiales del Estado; una banda que mantiene aterrorizada a las poblaciones de El Manzano y Río Claro, siendo señalada públicamente por casos de homicidio, sicariato, distribución de drogas y masacres". (Patty Fuentes. Tal Cual, 30.03.11)
sábado, 26 de marzo de 2011
viernes, 25 de marzo de 2011
lunes, 7 de marzo de 2011
lunes, 21 de febrero de 2011
LA CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS DE LA UCLA RESPALDA INICIATIVA DE FAMILIARES DE MIJAIL MARTINEZ ANTE FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La incansable búsqueda de justicia ante el vil asesinato cometido contra el joven Mijaíl Martínez, por parte de sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos, merece todo el respaldo del conjunto de instituciones y asociaciones de la sociedad larense. Todas las circunstancias que rodearon esta acción homicida evidenciaron claramente que el objetivo perseguido por sus autores materiales e intelectuales fue el de amedrentar a su padre, el ex-Diputado y luchador social Víctor Martínez y a las consecuentes organizaciones defensoras de los DDHH del estado Lara.
Se asesinó al joven defensor de DDHH Mijaíl Martínez para acallar las voces y denuncias que durante más de seis anos, han venido formulando sistemática y valientemente Víctor Martínez y el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Quienes estuvieron al frente de la Gobernación del estado Lara y de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Policiales de la entidad en el período 2000-2008, responsables de actuaciones policiales violatorias del derecho a la vida y de comprobadas irregularidades administrativas en ese órgano policial, no pudieron soportar la permanente exigencia pública de justicia ante múltiples casos de violación de los DDHH, entre los cuales destacaron, nueve (9) masacres policiales y más de 300 casos de ajusticiamientos policiales.
Ante la negligencia de los organismos de investigación policial y el retardo e inacción de los órganos del Ministerio Público, los familiares de Mijaíl Martínez han venido recabando información de valía para fundamentar la denuncia de responsabilidad de autores materiales e intelectuales, la cual ha sido entregada a Fiscalías del estado Lara sin que hasta ahora -después de más de un (1) ano del asesinato- se haya avanzado en la investigación e imputación de tales responsables.
En tal sentido, la Cátedra Libre de DDHH de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, consciente del valor de la acción ciudadana en la exigencia de justicia como garantía para enfrentar la impunidad, respalda firmemente la iniciativa de los familiares de Mijaíl Martínez y de las organizaciones de DDHH que lo acompañan, de solicitar que la Fiscalía General de la República abra una averiguación sobre la responsabilidad del ciudadano ex-Gobernador Luis Reyes Reyes en los hechos relacionados con su asesinato.
En Barquisimeto, a los dieciséis días del mes de Febrero del ano dos mil once.
CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO
La incansable búsqueda de justicia ante el vil asesinato cometido contra el joven Mijaíl Martínez, por parte de sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos, merece todo el respaldo del conjunto de instituciones y asociaciones de la sociedad larense. Todas las circunstancias que rodearon esta acción homicida evidenciaron claramente que el objetivo perseguido por sus autores materiales e intelectuales fue el de amedrentar a su padre, el ex-Diputado y luchador social Víctor Martínez y a las consecuentes organizaciones defensoras de los DDHH del estado Lara.
Se asesinó al joven defensor de DDHH Mijaíl Martínez para acallar las voces y denuncias que durante más de seis anos, han venido formulando sistemática y valientemente Víctor Martínez y el Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Quienes estuvieron al frente de la Gobernación del estado Lara y de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas Policiales de la entidad en el período 2000-2008, responsables de actuaciones policiales violatorias del derecho a la vida y de comprobadas irregularidades administrativas en ese órgano policial, no pudieron soportar la permanente exigencia pública de justicia ante múltiples casos de violación de los DDHH, entre los cuales destacaron, nueve (9) masacres policiales y más de 300 casos de ajusticiamientos policiales.
Ante la negligencia de los organismos de investigación policial y el retardo e inacción de los órganos del Ministerio Público, los familiares de Mijaíl Martínez han venido recabando información de valía para fundamentar la denuncia de responsabilidad de autores materiales e intelectuales, la cual ha sido entregada a Fiscalías del estado Lara sin que hasta ahora -después de más de un (1) ano del asesinato- se haya avanzado en la investigación e imputación de tales responsables.
En tal sentido, la Cátedra Libre de DDHH de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, consciente del valor de la acción ciudadana en la exigencia de justicia como garantía para enfrentar la impunidad, respalda firmemente la iniciativa de los familiares de Mijaíl Martínez y de las organizaciones de DDHH que lo acompañan, de solicitar que la Fiscalía General de la República abra una averiguación sobre la responsabilidad del ciudadano ex-Gobernador Luis Reyes Reyes en los hechos relacionados con su asesinato.
En Barquisimeto, a los dieciséis días del mes de Febrero del ano dos mil once.
CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO
viernes, 18 de febrero de 2011
Familiares de Mijaíl Martínez solicitan antejuicio de mérito a diputado por presunta vinculación con sicariato en Lara
Prensa Provea
Familiares de Mijaíl Martínez, el defensor de derechos humanos asesinado en Barquisimeto el pasado 26 de noviembre del 2009, acudieron en la mañana del 17.02.11 a la Fiscalía General de la República en Caracas a solicitar un antejuicio de mérito contra el diputado Luis Reyes Reyes por su presunta vinculación con diferentes casos de sicariato ocurridos en la región centroccidental, incluyendo el del joven miembro del Comité de Víctimas contra la Impunidad.
En el escrito dirigido a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, Víctor Martínez, padre de la víctima, afirma: “Con interés legítimo me adhiero a la solicitud de ANTEJUICIO DE MÉRITO, contra el ciudadano Tnel Luis Ramón Reyes Reyes, antes identificado, en virtud de que he sido víctima de SICARIATO en el que falleció mi hijo Mijail Baudilio Martínez Niño (26/11/2009), delito que presumo fue planificado y ejecutado por las bandas de delincuentes y funcionarios del Estado Lara, comandadas por el ciudadano Gral. Jesús Armando Rodríguez Figuera, antes identificado. SICARIATO presumo intervinieron además funcionarios del C.I.C.P.C. como el comisario Carlos Rodríguez, director de la Región y Sub-Comisario José Núñez, Jefe de la Delegación de Barquisimeto (…)”.
Después de la enumeración de una serie de hechos, Víctor Martínez, en representación de la familia Martínez reunida a las puertas de la Fiscalía, solicitó:
I. Se investigue al diputado principal Luis Ramón Reyes Reyes, titular de la cédula de identidad Nº V-4.261.791
II. Se solicite ante el tribunal Supremo de Justicia el Antejuicio de Mérito
III. Se impulse y de celeridad procesal a la causa, considerando los elementos que he aportado en mi condición de víctima.
IV. Se le de entrada al presente escrito y se agregue a los expedientes respectivos.
V. Se admita el presente escrito y se le de curso legal.
La familia Martínez fue acompañada por diferentes organizaciones de derechos humanos, como la vocería del Foro por la Vida, Espacio Público, el Centro de los Derechos Humanos de la UCV y Provea.
A continuación, observe el testimonio de Rosa de Martínez, madre del joven activista de derechos humanos asesinado, cuyo crímen se mantiene impune:
miércoles, 16 de febrero de 2011
COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD (COVICIL) EN APOYO A LA SOLICITUD DE ANTEJUICIO DE MERITO CONTRA EL EX GOBERNADOR Y HOY DIPUTADO A LA A.N TTE. CNEL. LUIS REYES REYES.
Hoy estamos introduciendo un escrito ante la Fiscalía General y la Defensoría del pueblo a los fines de anexarnos a la SOLICITUD DE ANTEJUICIO DE MERITO consignada el 02/02/2011por los diputados estadales y nacionales de Lara contra Luis Ramón Reyes Reyes.
Con esta solicitud reiteramos nuestra exigencia a que la Fiscalía investigue y establezca responsabilidades del ex gobernador en los presuntos delitos de corrupción y abuso de de poder que sembraron luto y sangre al estado Lara, convirtiéndolo en territorio de impunidad para los cientos d e funcionarios que, comandados desde la policía regional por el General(GN) Jesús Armando Rodríguez Figuera, aparecen señalados en investigaciones del CLE y el propio MPPIJ como autores materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad como: como ejecuciones, conformación de grupos exterminio, encarcelación por siembra de drogas, tortura, desaparición forzada y secuestro exprés.
A esta larga lista de crímenes le sumamos al ex gobernador Reyes Reyes, y a su lugarteniente el General Armando Rodríguez Figuera, su presunta autoría intelectual en el Sicariato de MIJAIL MARTINEZ, conjuntamente con los comisaros del CICPC Carlos Rodríguez y José Núñez y una banda de malandros intocables que acumulan expedientes en las fiscalías por casos de homicidios, sicariato, distribución de droga, secuestros, robadores de vehículos, piratas de carreteras, entre otros delitos que los tribunales de la entidad no sancionan.
El COVICIL reitera que la ejecución de Mijaíl Martínez, video activista y miembro de nuestro colectivo, es un caso de sicariato político en venganza y pase de factura por las denuncias que desde el parlamento regional impulsó su padre Víctor Martínez, junto a las víctimas, contra agentes del narcotráfico y la corrupción policial que comprometen al dúo diabólico Reyes-Figuera, lo que quedó demostrado en la sanción política de la plenaria del Consejo Legislativo del estado Lara el 4 de diciembre del 2007.
Con el cobarde asesinato de nuestro Mijaíl, (26-11-2009) hace 15 meses en Barquisimeto Edo Lara, esta banda del crimen organizado pretende amedrentar a las víctimas que desde hace 6 años venimos denunciando las más de 280 ejecuciones en el periodo gobernador Reyes Reyes .
Ante la sistemática denegación de justicia, la permanente burla y engaño que ha permitido que a la fecha los asesinos materiales e intelectuales de Mijaíl Martínez y de centenares de víctimas continúen en libertad sembrando más dolor a la familia larense, es que hoy damos otro paso al frente en esta dura, difícil, pero no imposible lucha contra el crimen policial y la impunidad estatal.
Finalmente, a los agentes del crimen y la impunidad les recordamos que hay un pueblo que les repudia alzando su voz de protesta ante el asesinato de uno de sus hermanos de lucha, cuyas imágenes combativas cargadas de ansias y libertad se han multiplicado en las voces, que desde las principales organizaciones defensoras de DDHH en el ámbito regional, nacional e internacional han denunciado tal vil hecho, junto a las voces de un pueblo humilde que con la sangre de sus hijos bullendo en las arterias empuja y acelera la marcha por la vida y la emancipación de los desposeídos.
¡MIJAÍL MARTINEZ VIVE EN LAS LUCHAS DEL PUEBLO HUMILDE
QUE ACOMPAÑÓ CON SOLIDARIDAD Y DESPRENDIMIENTO CLASISTA!
¡SOLO CON LA UNION COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODREMOS ALCANZAR NUESTRAS REIVINDICACIONES!!
COVICIL. Febrero 2011
miércoles, 9 de febrero de 2011
Te he visto en alguna parte...
Salvador Díaz Sánchez
Al lago y su rostro de viento medieval
el silencio de tus ojos lo mira,
lo escucha como a un monasterio…
...
No estás ya devorando
las uvas del paisaje,
tu pensamiento
escala unas notas de sol
en las espaldas de un tigre
y el bosque murmura un verso
que fluye como un río
en la infinitud del universo.
sábado, 5 de febrero de 2011
domingo, 30 de enero de 2011
Amanecer sin ti
Al ponerme mis zapatos
me di cuenta de que
se había caído al suelo
un papel ya viejo
y amarillento,
donde había solo líneas paralelas
entre si,
y es allí
donde me di cuenta
de que me esperabas
en la azotea
para abrigarme
y olvidar cuan duro
es amanecer
sin ti.
(Del poemario "Y te extrañé en las sombras". M.M)
me di cuenta de que
se había caído al suelo
un papel ya viejo
y amarillento,
donde había solo líneas paralelas
entre si,
y es allí
donde me di cuenta
de que me esperabas
en la azotea
para abrigarme
y olvidar cuan duro
es amanecer
sin ti.
(Del poemario "Y te extrañé en las sombras". M.M)
jueves, 13 de enero de 2011
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